¿Reforma constitucional o golpe de estado?

Pablo Miranzo Domingo, 25 de Septiembre de 2011 12:07

Cuando el 15 de mayo miles de ciudadanos salimos a las calles y plazas de toda España para reclamar un estado más democrático, no pensábamos que en agosto del mismo año, los partidos mayoritarios (PP y PSOE) se iban a reír en nuestra cara de tal forma y sin ningún tipo de reparo.

Primero vino la reforma de la Ley Electoral aprobada en el Parlamento casi a escondidas. Una ley electoral que si ya era injusta con los partidos pequeños, ahora lo será aún más, obligándoles a recaudar miles de firmas para poder presentarse a las elecciones. Pero los atropellos a la soberanía del pueblo no acababan aquí. A finales de agosto, PSOE y PP decidieron que había que “calmar a los mercados”, es decir, darles la confianza de que iban a poder seguir especulando y lucrándose a costa de los derechos de los trabajadores. Y para ello, los partidos mayoritarios acordaron reformar la Constitución para limitar el déficit público, sin ni siquiera dejar que el pueblo opine mediante un referéndum. Y digo que el pueblo “opine”  y no que “elija” porque nuestra Constitución impide que los referéndums sean vinculantes, sólo están permitidos los de carácter consultivo, aunque ya ni eso parece ser.

El simple hecho de que el PP y el PSOE hayan reformado la Constitución sin consultar siquiera a la población es ya un indicador de la falta de democracia de este sistema. Pero si analizamos concretamente la reforma del déficit público veremos que el problema es muchísimo más grave. Rajoy y Zapatero justifican la reforma argumentando que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa…En principio parece lógico, pero es una falacia. Al igual que una familia puede endeudarse para comprar un terreno que luego dará beneficios, el Estado puede y debe endeudarse para invertir en empresas públicas que luego darán beneficios. Por lo que poner un límite al déficit público es lo mismo que reducir el gasto público y esto todos sabemos qué significa: que no podrá encargarse de la sanidad, de la educación y de muchos servicios sociales, de los que irán encargándose empresas privadas. Es un método de privatización.

Y lo que es aun más grave, esto no van a ser las medidas de un partido en concreto. Esto va a ser una ley constitucional a la que todos los partidos que lleguen al poder deberán someterse. Esta barbaridad afecta seriamente al carácter democrático del sistema, pues restringe el margen de maniobra. ¿De qué sirve ahora que una candidatura progresista llegue al poder? ¡La propia Constitución le va a impedir aumentar el gasto público! Estamos ante la imposición del liberalismo como forma de sistema económico por ley. Es un golpe de estado.

Por eso no tenemos que tener miedo a hablar con coherencia. No queremos ninguna reforma ni ningún referéndum sobre la Constitución monárquica del 78. Queremos una nueva Constitución que garantice los derechos de los trabajadores y  que no esté subordinada al poder financiero, sino al poder civil. ¡Por una Constitución republicana, democrática y popular!